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Lucha contra el narco: siete detenidos, cinco embarcaciones intervenidas y 2.000 kilos de hachis incautados.
Es el balance de varias operaciones contra el narcotráfico realizadas en los últimos días.
Los ministros de Interior y de Justicia de los 27 analizarán esta semana en Bruselas la lucha contra el tráfico de drogas y el control de los flujos migratorios.
Seis detenidos, cinco embarcaciones intervenidas y más de dos mil kilos de hachís y siete mil litros de gasolina incautados. Es el balance de las distintas actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en estos últimos días en varios puntos de la costa de Cádiz y en la desembocadura del Guadalquivir.
De las cinco embarcaciones intervenidas, cuatro son semirrígidas. En otra, interceptada en la desembocadura del Guadalquivir, la carga estaba compuesta por bidones de gasolina para, presuntamente, surtir a las narcolanchas, casi cuatro mil litros transportaba en la bodega.
En una de las actuaciones la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Guarda Nacional Republicana portuguesa y han recuperado 76 fardos de hachís; mientras que en otra de las intervenciones los detenidos lanzaron al mar los paquetes para evitar ser aprehendidos por los agentes. Además de los seis detenidos, se ha identificado a otras tres personas.
Todas las actuaciones se enmarcan en los servicios que desarrollan las unidades de la Guardia Civil para luchar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y en ellas han participado distintas unidades del instituto armado.
BRUSELAS ANALIZA LA SITUACIÓN
Los ministros de Interior y de Justicia de los 27 debatirán esta próxima semana en Bruselas las reglas para combatir la lucha contra el tráfico de drogas y el control de los flujos migratorios.
Los ministros de Interior prevén adoptar un listado con recomendaciones para combatir el narcotráfico, un asunto prioritario para Bélgica. Es el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa por el puerto de Amberes.
El ejecutivo comunitario propuso en noviembre una ley para endurecer las penas y castigar con hasta 15 años de cárcel a los traficantes. Los ministros tratarán de consensuar qué actos debe abarcar, además, el delito de tráfico a personas
